“A todo el que quiera producir tabaco, se le presta tierra para producir tabaco, en el caso del café igual“, dijo al informativo de la televisión estatal el miembro del Consejo de Estado Orlando Lugo Fonte, presidente además de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Según Lugo Fonte, “a las cooperativas de crédito y servicio (CCS) en sus áreas colectivas ya se le está enseñando la tierra, todas las que soliciten“.
Lo mismo ocurre, agregó, con las UBPC -las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, un tipo de cooperativa semiautónoma surgida durante la crisis del “período especial” de los 90 con el objetivo de vincular más a los campesinos con las tierras- y las CPA, las Cooperativas de Producción Agropecuaria (granjas de campesinos que han unido tierras propias, forman parte del sector privado agropecuario cubano, junto con las CCS).
El alto funcionario aseguró que se trata de una medida que ya está en funcionamiento en varios de los cultivos, como el caso del café y del tabaco, para lo cual “hay un cuerpo legal ya autorizado que se le puede entregar“.
Además, indicó que para el resto de los cultivos del país los estudios para adoptar la misma medida están “bastante adelantados”.
“Había que crear condiciones para poder hacer eso, la entrega masiva de tierras ociosas“, explicó.
El objetivo, continuó, es que la redistribución de las tierras no se convierta en “un caos”. “Es de lo que más nos ha alertado la dirección del país”, reconoció.
Según el reporte de la televisión cubana, la isla tiene una superficie cultivable de casi 3,5 millones de hectáreas, de las que actualmente “sólo” el 32,6% corresponde al “sector cooperativo y campesino”.
“La experiencia ha demostrado que es necesario reformar”, sostuvo el reporte, según el cual actualmente el 51% de la tierra cultivable del país está “ociosa o deficientemente explotada”.
En el marco de las medidas reformistas, el gobierno cubano ha elevado asimismo los precios que paga por los productos a los campesinos.
Las medidas forman parte de una serie de reformas iniciadas por el nuevo gobierno de Raúl Castro para estimular la producción nacional con el fin de evitar las importaciones de alimentos que en los últimos años han lastrado mucho la balanza comercial del país.
